Los pilotos de Iberia, que han realizado varios paros desde que en diciembre anunciaron que irían a la huelga, y la compañía aérea, que creó la filial low cost Iberia Express contra la que ellos protestan, se verán obligados a nombrar un árbitro que medie en el conflicto, conforme a una decisión del Gobierno.

La designación del árbitro debe hacerse por acuerdo mútuo entre ámbas partes (o impuesto por el Ministerio de Fomento en caso de falta de consenso) y su función será estudiar las reivindicaciones de los sindicatos y las medidas de la empresa para redactar un laudo.

Dicha resolución será de obligado cumplimiento y debe poner fin a un conflicto que sólo en el mes de abril se ha cobrado siete jornadas de paros (incluida la del lunes próximo) y que Iberia ha cifrado en un coste de 21 millones de euros. De este modo, las pérdidas para la compañía desde que el pasado diciembre se iniciase el conflicto superarían ya los 40 millones de euros. En vista de la decisión del Gobierno, el Sepla ha decidido desconvocar los paros con el fin de “favorecer y facilitar la labor del árbitro” que sea nombrado. A efectos prácticos, esto debería suponer una vuelta a la normalidad en el tráfico aéreo en un momento en que las cancelaciones estaban causando numerosos trastornos en toda la península, especialmente en las rutas que operan a y desde Madrid. No será esta la primera vez que una persona ajena a los intereses de los pilotos y la dirección intente cerrar un acuerdo que contente a todas las partes. La mediación de Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, no consiguió resultados positivos, como tampoco lo tuvo una reunión convocada en la sede de Fomento. En esa ocasión, Ana Pastor, responsable del Ministerio, pidió a ambas partes que pusieran sobre la mesa sus discrepancias para negociar el mejor pacto posible. El principal escollo es Iberia Express, la filial de la compañía que opera desde el 25 de Marzo para competir en precio y rutas de medio y corto alcance con las aerolíneas de bajo coste. Para el Sepla su creación vulnera de manera flagrante las condiciones del convenio colectivo, que en su anexo 10 especifica que las operaciones deben ser realizadas por los pilotos de Iberia. Por otro lado, la compañía intenta ahorrar 62 millones de euros al plantear un recorte del 20% en los costes salariales de sus pilotos y aumentar en un 25% su productividad. Este colectivo precisamente es el único que lleva más de dos años y medio negociando sin éxito un acuerdo sobre su convenio. Los pilotos, a la espera de la decisión del Ejecutivo sobre el conflicto, no acudieron a la convocatoria de la empresa para negociar los cambios laborales. Ayer el Consejo de Ministros anunciaba que un laudo arbitral será la forma definitiva de resolverlo.